El pasado 26 de abril quedó registrada en el Parlamento la proposición de ley del Sistema Público de Cultura de Canarias, un texto normativo avalado por los siete grupos políticos, con el que se inicia su tramitación. La futura norma consensuada, crea y regula un Sistema Público de Cultura que, entre otras cuestiones, blindará el presupuesto cultural autonómico hasta llegar al 2% en 2030.
La proposición de ley sitúa el centro de gravedad en la idea de Sistema porque una de sus premisas mayores es articular al conjunto de Administraciones Públicas territoriales, entes del sector público e instituciones culturales como una red de colaboración, cooperación y coordinación, sin modificar ni afectar a las competencias que las Administraciones y organismos y entes tienen atribuidas.
No se trata de una ley sectorial como la de Lectura y Bibliotecas o Patrimonio Cultural, tampoco un texto legislativo sobre el sector cultural genéricamente entendido. Este proyecto de ley trata de blindar jurídicamente las garantías que se deben proporcionar desde las Administraciones Públicas para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos culturales. Tiene su epicentro en la función social de la cultura asumida como gran principio jurídico. Esto implica reconocer la trascendencia de la cultura en la construcción de las personas y en la construcción social y comunitaria.
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