El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes un decreto ley que incluye cambios normativos para reforzar la gestión pública en Canarias y que afectan al sector audiovisual. En concreto, se ha aprobado una modificación del Decreto 18/2009 que actualiza las condiciones de obtención de los certificados audiovisuales canarios. La reforma establece requisitos específicos para documentales y cortometrajes.
La modificación precisa cómo se debe acreditar el gasto realizado en las islas y la contratación de profesionales con residencia fiscal en el archipiélago para obtener el Certificado Canario de Producción Audiovisual, que da derecho a la aplicación del importe incrementado de la deducción por incentivos fiscales (art. 36.1 de la LIS).
En el caso de documentales y cortometrajes con presupuesto igual o inferior a 500.000 euros, se establece la obligación de acreditar un gasto en Canarias de, al menos, el 80% del coste total de la producción. Como alternativa, podrán acreditar un mínimo del 30% para documentales y del 20% para cortometrajes, acompañado de la contratación de profesionales con residencia fiscal en las islas.
Esta segunda opción exigirá dos profesionales en puestos de responsabilidad artística o de producción. Además, deberán contratarse al menos tres profesionales técnicos de dos equipos de trabajo diferentes.
Cuando el presupuesto del documental o del cortometraje sea superior a 500.000 euros, se exigirán cinco profesionales técnicos de, al menos, tres equipos distintos.
La nueva regulación de los documentales se aplicará a aquellos proyectos cuyo inicio de rodaje sea posterior al 31 de diciembre de 2026.
En el caso de los cortometrajes, los requisitos de gasto y contratación sustituirán a las exigencias generales sobre días mínimos de filmación y gasto en postproducción.
La reforma también precisa qué se entiende por procesos de postproducción y se modifican los gastos que pueden computarse para cumplir los requisitos de certificación.
Asimismo, se aclaran las condiciones para obtener el Certificado Canario de Obra Audiovisual cuando la participación de productores canarios se limita a una aportación financiera y se concreta la documentación que debe declararse.
En cuanto a la tramitación, el plazo máximo para resolver las solicitudes de inscripción en el Registro de Empresas y Obras Audiovisuales de Canarias pasa a dos meses. Para la obtención de los certificados, se amplía a tres meses.
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